Los dirigentes sociales Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar “Quintín” Gómez suman complicaciones judiciales porque se confirmó el procesamiento contra los tres acusados del delito de trata de personas cuando manejaban fondos para la construcción de viviendas mediante el programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La denuncia la realizó en 2010 Sergio Schoklender, integrante de la Fundación, ante el entonces juez Carlos Skidelsky, que archivó el expediente. La acusación indicaba que un grupo de personas que trabajaba en el ex Campo de Tiro era sometido a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11. Luego, fue el turno de la Cámara de Apelaciones de resolver y pidió que se reabra la investigación.
En 2023, el fiscal Federal Patricio Sabadini sumó otros testimonios, como el de Marcela Leiva que testimonió que “el trato era siempre malo, había insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha”.
Con estos elementos la jueza federal Zunilda Niremperger decidió dictar el procesamiento sin prisión preventiva para los tres, aunque todos ya se encuentran tras las rejas, Sena y Acuña acusados de participar activamente en el femicidio de Cecilia Strzyzowski y Gómez por presunto abuso sexual contra una integrante del movimiento que lo tenía como referente.
LA DENUNCIA
Schoklender había denunciado que los trabajadores eran amenazados y se les sacaba parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio, también debían asistir a las protestas sociales y desobedecer las directivas de la fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades.
Indicó que Sena, Acuña y Gómez hacían sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad, dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de construcción de aproximadamente 40 viviendas.
Finalmente, expuso que existía usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el Estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.
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