Mediante el decreto N° 3261/22, Jorge Capitanich estableció que “las cámaras de videovigilancia instaladas por personas humanas o jurídicas privadas en inmuebles respecto de los cuáles sean propietarios, poseedores o tenedores, que reproduzcan, graben, capten imágenes y/o sonido y se encuentren orientadas hacia el espacio público” sean “susceptibles de formar parte de la red de cámaras de videovigilancia perteneciente al Poder Ejecutivo provincial, a requerimiento del Ministerio de Seguridad y Justicia”.
Por otro lado, el funcionario ordenó crear el Registro de Cámaras Privadas de videovigilancia, que “funcionará en la órbita del Centro Único de Monitoreo de la Policía del Chaco, detallado en el Anexo que forma parte integrante del presente instrumento legal”. Asimismo, facultó al Ministerio de Seguridad y Justicia “a dictar las medidas complementarias, aclaratorias e instrumentales que resulten necesarias para lograr los objetivos de lo dispuesto”.
Conocida la noticia, miembros de la oposición aseguraron que Capitanich se quiere adueñar de todas las cámaras de seguridad privada de la ciudad, con manejo básico de tecnología sobre la cámara externa para poder mirar y escuchar dentro de todas las casas.
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