Tucumán: procesaron a un delegado comunal por secuestrar a los hijos de un empresario

Un delegado comunal de la localidad tucumana de Villa Medinas, departamento de Chicligasta, fue procesado con prisión preventiva acusado de ser el líder de una organización criminal que, junto a otras cuatro personas, secuestró a los dos hijos de un empresario provincial y al chofer del remise en el que se trasladaban, por cuyas liberaciones exigió un rescate de siete millones de pesos, informaron este lunes fuentes judiciales.

Se trata de Diego Víctor Figueroa, recientemente reelecto como delegado en esa localidad, quien, al igual que el resto de los acusados, entre ellos su hijo, fue procesado por el juez Federal 1 de Tucumán, José Manuel Díaz, como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado.

«La conducta desplegada por los cinco imputados requirió de una organización propia de una empresa criminal, donde cada uno de ellos actuó y realizó su aporte acorde a un plan para alcanzar un objetivo común», indicó el magistrado en la resolución, difundida por el Ministerio Público Fiscal.

El secuestro

El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2022 en la localidad tucumana de Santa Ana y tuvo como víctimas a dos hermanos, identificados como VHG y FLL, de 18 y 20 años, respectivamente, y al chofer del remise en el que se trasladaban, JRO, de 50.

Los hermanos, oriundos de la localidad tucumana de Aguilares, e hijos de un reconocido empresario dueño de un corralón, tomaron ese día el auto de alquiler para dirigirse a la vecina ciudad de Alberti donde iban a encontrarse con una mujer, que les abonaría la compra de materiales de construcción, aunque ahora se cree que en realidad esa transacción fue una maniobra utilizada como «anzuelo».

Cuando llegaron al lugar pactado, nunca apareció la supuesta compradora, y arribó un auto oscuro, de donde bajaron varios hombres armados, quienes redujeron a la totalidad de tripulantes del remise, mediante golpes de puño y amenazas.

De acuerdo con las pruebas recabadas en la investigación -conducida por el fiscal federal Agustín Chit-, las víctimas fueron secuestradas y obligadas a subir a otro auto, donde les vendaron los ojos y las trasladaron hacia un galpón, desde donde uno de los secuestradores hizo una llamada a través del teléfono celular de uno de los hermanos al padre de las víctimas para exigirle el pago siete millones de pesos de rescate.

Las llamadas extorsivas

Sin embargo, en esa primera llamada, el empresario reconoció la voz del captor: «Yo te conozco, no te metas en cagadas», le dijo, tras lo cual le colgó.

A los pocos minutos, el padre de los cautivos recibió otro llamado, pero desde un número no identificado, donde otra persona -que resultó ser Figueroa- le preguntó si iba a pagar el rescate, tras lo cual lo amenazó: «No te hagas el malo porque nosotros tenemos a tus hijos».

En esa misma comunicación, el secuestrador indicó primero que quería cobrar el rescate mediante una transferencia a un número de CBU, aunque luego le dijo al empresario que lo dejara una bolsa de color negra al costado de la ruta nacional 38, antes de llegar a la ciudad de Concepción.

Mientras recibía las indicaciones, el padre de los jóvenes escuchaba cómo golpeaban a uno de sus hijos, quien gritó: «Conseguí la plata que me van a matar».

Durante su cautiverio, las tres víctimas fueron subidas a dos vehículos distintos con los ojos vendados y recorrieron caminos de tierra durante treinta o cuarenta minutos, en los cuales sus captores pararon para comprar una gaseosa y cambiar una rueda pinchada.

Al llegar al final del recorrido, les ordenaron bajar de los vehículos en un camino de ripio, donde tuvieron que caminar hasta que fueron obligadas a sentarse en el pasto, donde los dejaron abandonados sin cobrar el rescate.

Al no escuchar más voces, las víctimas se quitaron los vendajes de los ojos y verificaron que estaban solas, con el remise en el lugar y con las llaves puestas, en la zona de Gastona Sur.

Las pesquisas

A partir de la denuncia del caso, el fiscal Chit dispuso una serie de medidas que incluyeron el levantamiento de evidencias en el auto en que se trasladaban las víctimas, la averiguación de la titularidad de las líneas utilizadas y el impacto de las llamadas en las celdas de telefonía celular y ángulo de cobertura, además escuchas directas.

Todas las medidas estuvieron a cargo del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina, con el apoyo de la Unidad Regional Tucumán de la Policía Federal Argentina.

En abril de este año, las víctimas fueron citadas a declarar y realizaron de manera coincidente un relato de los hechos que habían sufrido, al tiempo que identificaron al líder de la banda como una persona a la que el resto se refería como «el patrón» o «el jefe», identificado luego en la causa como Figueroa.

De los peritajes realizados en los teléfonos de las víctimas y los de las personas señaladas como sus secuestradores se tuvo por resultado que todos los dispositivos impactaron en las mismas celdas en el día y horas de los hechos.

Finalmente, el 14 de septiembre pasado a la madrugada, los acusados fueron detenidos en allanamientos realizados en las localidades de Medinas y La Trinidad, ubicadas a unos 95 kilómetros de la capital provincial.

En uno de los domicilios los pesquisas dieron con el teléfono celular robado a una de las víctimas, que en la actualidad lo seguía usando con otra tarjeta SIM, lo que fue un elemento clave para la investigación.

Con la evidencia reunida, el juez procesó con prisión preventiva a Figueroa y a los otros cuatro acusados por el delito de secuestro extorsivo agravado por haber participado más de tres personas, delito que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión, y embargó a cada uno por un monto de 3 millones de pesos.