Los penitenciarios imputados vuelven a sus tareas tras el ataque de un preso a una fiscal

Los ocho guardiacárceles que fueron provisoriamentre separados de sus funciones y son investigados por su actuación durante el ataque que sufrió la fiscal mendocina Claudia Ríos por parte de un preso que quiso apuñalarla en pleno debate oral, retornaron este mércoles a sus tareas en el Servicio Penitenciario provincial, mientras que en las últimas horas se conoció un video del momento del hecho ocurrido en la sala de audiencias del Polo Judicial de la ciudad de Mendoza el miércoles de la semana pasada.

Tras la difusión de un tramo del video del hecho por el diario El Sol, en el que las imágenes no coinciden exactamente con el relato del episodio que en los días posteriores al hecho realizaron distintas fuentes oficiales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza emitió un comunicado en el que aclara que «la calificación legal del hecho podría variar como en cualquier proceso».

Es que en las imágenes no se ve al recluso Hugo Eduardo Arredondo Suárez (33) atacar directamente con un arma blanca a la fiscal Ríos, ni a esta arrojarle gas pimienta, así como tampoco el momento en el que una pasante que presenciaba la audiencia fue herida de un corte en el cuello.

«La causa que investiga la responsabilidad de los agentes penitenciarios está en plena incorporación de pruebas que fueron solicitados por la fisca Lazo. No hay imputados»

Sin embargo, fuentes judiciales aclararon a Télam que la secuencia siguió en un pasillo contiguo a la sala, donde el recluso sí agarró a la estudiante de abogacía y la hirió, y la fiscal Ríos le arrojó gas pimienta, aunque ese tramo del hecho no fue difundido a pesar de haber sido registrado por la misma cámara.

La fiscal a cargo de la investigación del hecho, Andrea Lazo, había imputado en la indagatoria a Arredondo Suárez el delito de «homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves (dos hechos)», aunque por estas horas no descarta una recalificación del caso a «evasión en grado de tentativa».

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la misma fiscal desdobló la investigación: por un lado el ataque a la fiscal Ríos que tiene al preso como imputado y por otro la actuación de los penitenciarios que custodiaron y trasladaron a Arredondo Suárez que, por el momento, no tiene a ningún imputado formal, sino que solo guardiacárceles identificados.

«La causa que investiga la responsabilidad de los agentes penitenciarios está en plena incorporación de pruebas que fueron solicitados por la fisca Lazo. No hay imputados», confirmó a Télam una fuente con acceso al expediente judicial.

Por otra parte, según informó este miércoles Marcelo Puertas, a cargo de la Inspección General de Justicia, los ocho guardiacárceles investigados internamente por su actuación en el marco de ese episodio fueron reasignados a distintas tareas dentro del Servicio Penitenciario.

«En qué momento este preso accedió al lugar con ese elemento corto punzante todavía no se sabe, pero sí que hubo fallas en las requisas», dijo Puertas.

Según explicó, los ocho guardias -que habían sido pasados a disponibilidad preventiva tras el hecho- «deberían haber realizado tres requisas y, en principio, no está comprobado que se hayan realizado las tres, ya que no hay pruebas en las cámaras» de ello.

El ataque

El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando el preso de máxima peligrosidad y con dos condenas previas por homicidio y otras dos por tentativa de homicidio, logró vulnerar todos los controles de seguridad e ingresar con un arma blanca de fabricación casera a una sala de audiencias del Polo Judicial donde protagonizó el episodio.

La fiscal Lazo indagó al preso por tentativa de homicidio y lesiones pero se negó a declarar en una audiencia realizada de manera virtual.

No obstante, fuentes con acceso a la causa informaron que, tras ser reducido, el preso dijo que lo hizo «porque no podía ver a su hija y quería llamar la atención».

Arredondo Suárez es un preso de máxima seguridad que ya había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla (51), un exmilitar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II del departamento de Las Heras, pero además fue condenado a 14 años de prisión por otro crimen ocurrido dentro del penal de Almafuerte.

Además, en septiembre del año pasado fue imputado en otro expediente por una tentativa de homicidio de otro preso de 31 años, quien fue herido a golpes, lo sometieron a torturas, lo obligaron a consumir un sedante y finalmente abusaron sexualmente de él con un palo.

Según dijo el reo tras ser reducido, lo hizo «porque no podía ver a su hija y quería llamar la atención», según dijo luego ante autoridades.