«No creo que lo sea. Legalmente está inhabilitado. La Constitución política dice que no puede ser (Presidente) más de dos gestiones y el señor (por Evo Morales) ya ha sido tres, cuatro gestiones reelegido«, sentenció el militar, que ahora se mostró también en contra el Gobierno de Luis Arce, que es copartidario del mandatario que fue derrocado en el golpe de Estado en Bolivia de 2019.
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«El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar, de cumplir la Constitución política del Estado. Ese señor no puede volver a ser Presidente de este país«, aseguró antes de anticipar que usaría «todas las herramientas y todos los instrumentos» que figuran en la Carta Magna de Bolivia para evitar el retorno de Evo Morales al poder.
«Somos un brazo armado de la Patria y vamos a defender a toda costa la Constitución política del Estado, los altos intereses de la Patria», subrayó el militar, que fue desplazado de su cargo el martes de esta semana, tras la emisión de la entrevista.
Además de admitir que el Ejército detendría a Evo Morales «si el caso amerita», Zúñiga aseguró: «no es una amenaza con las armas, para nada, simplemente nosotros vamos a hacer cumplir la Constitución, tendremos nuestras formas».
Juan José Zúñiga afirmó que su opinión era «la institucional», es decir, que habló en nombre de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y tras la publicación de la entrevista el expresidente Evo Morales lo expuso en X.
Denuncias anteriores contra Juan José Zúñiga
El ahora extitular del Estado Mayor del Ejército fue denunciado en su momento por un supuesto desfalco cometido entre 2012 y 2013, cuando estaba al frente del Regimiento REIM-23 Max Toledo con el rango de Coronel.
Según el informe de un suboficial que estaba a cargo de la logística, el militar se quedó con 2.7 millones de bolivianos que estaban destinados al pago de los bonos «Juancito Pinto» y «Dignidad», además de viáticos, informó el sitio Los Tiempos de Bolivia.
El caso se resolvió con una sanción para Zúñiga que constó de siete días de arresto por el desfalco y falsificación de documentos relacionados a los descargos del pago de viáticos de la renta Dignidad, que debía pagarse en poblaciones rurales a personas de la tercera edad.
Años más tarde, ya más arriba en la escala militar, Zúñiga fue denunciado por el propio Evo Morales como uno de los presuntos ejecutores del «plan negro», que fue como se refirió el exmandatario a la maniobra coordinada desde tres ministerios del Gobierno de Bolivia para afectar su imagen y poner en peligro su vida.
Morales señaló a Zúñiga como uno de los jefes del grupo «Pachajcho», que se conformó en las Fuerzas Armadas bolivianas para investigar y perseguir a dirigentes cocaleros.
Evo Morales mantiene el estatus de refugiado en la República Argentina aunque reside en Bolivia.
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