En se contexto, los fiscales Andrés Nazer y María Paloma Ochoa habían solicitado al juez que dictara una medida cautelar mediante la cual “se ordene al Ministerio de Capital Humano de la Nación que, en el término de cinco días corridos, entregue los alimentos que hubiese demandado tanto la querella como así también todos aquellos actores inscritos en el Registro Nacional de Comedores -RENACOM-, desde diciembre de 2023 al presente”.
Además, pidieron allanamientos y que se disponga una consigna policial en los depósitos de Villa Martelli, Vicente López y Tafí Viejo, lo cual fue negado por la Justicia.
Sobre la denuncia, la Justicia resolvió que los representantes legales y/o quien estuviere a cargo del área correspondiente y/o, en su defecto, al personal que en ese momento se encuentre presente para recibirla de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, informen al juzgado de modo inmediato:
1- El detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería;
2- Los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha;
3- Los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada.
Además, encomendó al Ministerio de Capital Humano a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato” y lo informe «de manera precisa en el plazo de 72 horas”.
La denuncia de Grabois contra Pettovello
Según expresó Grabois en su denuncia “la única medida tomada por el actual gobierno para mitigar la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar, pero al mismo tiempo suspendió el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar. Esto quiere decir lisa y llanamente que no están entregando alimentos”.
Ante la acusación de no distribuir los alimentos, desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que “no hay normativa que determine los procesos de distribución de alimentos y requisitos de inscripción. Es decir que la entrega de alimentos no respondía a una lógica, sino a la demanda de los establecimientos/organizaciones y a la definición política de la autoridad”.
Además, explicaron que detectaron que «durante las gestiones anteriores, las transferencias y subsidios eran cursados en forma arbitraria y discrecional, sin ningún tipo de evaluación previa, seguimiento, ni contralor alguno y esto devenía en el mal uso y destino de estos beneficios, poniendo la política e intereses partidarios, por encima de la necesidad alimentaria de los grupos vulnerables”.
Al respecto, la denuncia presentada por la fiscal Ochoa advierte que “el Ministerio de Capital Humano de la Nación informó el detalle del stock de los depósitos actualizado al 30 de abril de 2024, surgiendo la tenencia de cantidades de alimentos tales como aceite, fideos, garbanzos, harina de trigo, leche en polvo, pure de tomate, yerba mate, arroz con carne, hortalizas, guiso de lentejas, etc”.
Pese a que hacen mención de los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni cuando especifica que los alimentos “no están por vencerse”, que «alimentos adquiridos por la administración anterior”, y que se encuentran almacenados porque tenían como fin “comedores truchos”, en la denuncia reclaman que “se desconoce en qué fecha aquellos alimentos fueron adquiridos, desde cuándo -y con qué finalidad- se encuentran acopiados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo y, por lo tanto, cuáles son sus fechas de expiración”.
Ante esto, reclamaron una medida cautelar, una orden de allanamiento y que se disponga una consigna policial en los depósitos de Villa Martelli, Vicente López y Tafí Viejo. De los tres requerimientos, el juez Casanello solo hizo lugar a uno.
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