La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió que se amplíen las imputaciones para 12 de los 15 represores que son juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos en 4 excentros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, e incorporó las violencias sexualizadas contra 16 víctimas, mientras que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo amplió la acusación contra siete imputados por la apropiación del nieto recuperado número 133, hijo de Cristina y Julio Santucho.
Se trata del juicio denominado «Brigadas», por los excentros que funcionaron en la Brigada de Quilmes, la de Banfield, la de Lanús y la de San Justo durante la última dictadura militar, debate a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico.
Entre las más 600 víctimas que pasaron por esos 4 excentros clandestinos están los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices y el de Cristina Navajas, quien fue secuestrada embarazada y dio a luz en cautiverio a un niño que recién recuperó la identidad este 29 de julio último, convirtiéndose en el nieto recuperado número 133.
Los represores juzgados
El TOF 1 juzga al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Luis Horacio Castillo y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Fontana, Emilio Herrero Anzorena, Antonio Simón, Enrique Barré, Eduardo Samuel de Lío, Alberto Condiotti y Juan Miguel Wolk.
Los delitos que incorporó la fiscalía
Durante la audiencia de este martes, la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, Ana Oberlin, amplió las imputaciones para los acusados: Roberto Armando Balmaceda, Jorge Antonio Bergés, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Alberto Julio Candioti, Federico Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Wolk, Carlos María Romero Pavón y Enrique Augusto Barre.
«Se ampliaron las imputaciones por una serie de hechos que surgieron del debate o se conocían pero son vistos hoy a la luz de cambios que se vienen dando y tienen que ver con las narraciones de violencia sexualizada; también se incorporaron delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidios y desaparición forzada», explicó a Télam la auxiliar fiscal.
Sostuvo que el TOF 1 «ha tenido una escucha respetuosa, al igual que el resto de las partes, y eso generó este contexto habilitante en el cual los testimonios abordaron una cantidad de aspectos, entre ellos la violencia sexualizada, y eso pasa cuando el sistema de justicia es respetuoso, habilitante y da espacio para que esos relatos surjan».
En su exposición, Oberlin, destacó que «estos crímenes son imprescriptibles y se pueden juzgar hoy porque afectan un bien jurídico. Por supuesto que hay delitos que se cometen contra una persona particular y por eso pedimos que se las incluya, porque tienen derecho a que se juzgue su caso de manera particular». «Pero estos delitos son imprescriptibles porque afectan a un único bien jurídico: no hay una pluralidad de víctimas en los crímenes de lesa humanidad. Hay una sola víctima, que es la humanidad. Son crímenes contra la humanidad«, destacó.
«Los testimonios abordaron una cantidad de aspectos, entre ellos la violencia sexualizada, y eso pasa cuando el sistema de justicia es respetuoso, habilitante y da espacio para que esos relatos surjan»Ana Oberlin
Consideró que «diferir el juzgamiento de estos hechos para volver a debatirlos en un juicio posterior, es sin dudas un dispendio enorme, además de una forma de revictimización notoria».
Con respecto a la incorporación de 16 casos de violencia sexualizada sostuvo que «no es opción aplicar la perspectiva de género en estos hechos, es una obligación y nos hacemos cargo de esta obligación y vamos a ampliar la imputación de estos hechos de violencia«.
La auxiliar fiscal aclaró que «consultamos a todas las personas victimizadas que serán mencionadas si querían ser nombradas con nombre y apellido o con iniciales y la mayoría consintió se lea su nombre y apellido y sólo en un caso se dirán sus iniciales».
Oberlin hizo un relato de cada una de esas 16 víctimas, 13 mujeres y 3 hombres, durante su cautiverio en los mencionados excentros clandestinos. En los relatos se aludió a manoseos y violaciones durante la tortura.
Se oyó el caso de María Rosa Laporta, secuestrada a los 15 años, quien durante su cautiverio en el Pozo de Quilmes sufrió violaciones reiteradas que le provocaron lesiones y la secuela de no poder tener hijos.
También se incluyeron las violaciones sufridas por María Asunción Artigas, quien estaba embarazada y tenía epilepsia, que era violada por los guardias cuando tenía convulsiones; y los casos de María Clara Ciocchini y Claudia Falcone, dos de las estudiantes secundarias secuestradas en septiembre de 1976, en La Noche de los Lápices.
Se leyó parte del testimonio del sobreviviente de ese episodio, Pablo Díaz, quien relató lo que le dijo Falcone en diciembre de 1976 que «había sido violada en reiteradas oportunidades y ya nunca más iba a poder ser mujer».
«Díaz enfatizó que en muchos juicios (en los que testimonió) cuando contaba esto ‘nunca nadie me paró para que le cuente este delito’«, remarcó Oberlin.
Los siete imputados por la apropiación del nieto recuperado 133
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo, por su parte, pidió se amplíen las imputaciones contra el exministro Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Federico Minicucci, Luis Horacio Castillo, Jorge Berges y Carlos Fontana por el delito de «retención y ocultamiento de un menor de 10 años» en perjuicio del hijo de Cristina Navajas cuyo caso ya se ventila en este juicio.
Se trata del nieto 133 recuperado a fines de julio último, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho.
Sostuvo la abogada que su aparición y la recuperación de su identidad «es inescindible de la privación ilegítima de la libertad que sufriera su madre en el Pozo de Banfield».
«Cristina siempre estuvo bajo la órbita de los imputados durante su cautiverio en el Pozo de Banfield. Fue vista ingresando embarazada en diciembre de 1976 y otros sobrevivientes la vieron en abril de 1977 ya sin su hijo», afirmó.
Afirmó que «el nacimiento del hijo de Cristina fue confirmado por esta querella y por toda la sociedad el 27 de julio último al recibir el informe de ADN, la confirmación científica del nacimiento de quien fuera falsamente inscripto como Daniel Enrique González. Tanto Cristina como Daniel estuvieron bajo la órbita de los imputados».
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