La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dé cumplimiento a una serie de medidas para garantizar la protección de los inmuebles construidos antes de 1941, e instó a realizar un relevamiento del valor patrimonial de esas edificaciones que, de acuerdo a estimaciones oficiales, ascienden a unas 134.000, se informó este jueves.
El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires 10, a cargo de Aurelio Ammirato, exigió también a las autoridades porteñas “abstenerse de autorizar demoliciones, reformas o ampliaciones” que alcancen a las construcciones contempladas en la medida establecida.
Una causa que empezó en 2011
El dictamen dio lugar parcialmente a un amparo presentado en 2011 por distintas organizaciones que trabajan en la defensa del patrimonio histórico urbano, entre ellas, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler, Fundación Ciudad y SOS Caballito, con el patrocinio de Jonatan Baldiviezo y María Carmen Usandivaras.
?️ VICTORIA JUDICIAL EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
?La justicia ordenó al GCBA finalizar la valoración patrimonial de todos los inmuebles anteriores a 1941 y garantizar su protección para que no sean demolidos.Gracias @natzkerba ?@jonatanbaldivie @EKoutsovitis @ElMovimiento_EM pic.twitter.com/vqrJErGSOc
— Obs Der a la Ciudad (@observatorioODC) April 20, 2023
Los amparistas buscaron que la gestión local cumpla con la ley 2548 que fijaba como plazo máximo al 31 de diciembre del 2011 para la confección de un catálogo completo de los inmuebles cuya fecha de construcción data de antes de 1941.
No obstante, el relevamiento no se realizó, más allá de la presentación de un registro de propiedades de las Comunas 1 y 2 -que abarcan los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat , Constitución y Recoleta- que estuvo a cargo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
En octubre de 2014, la Legislatura porteña aprobó la protección de esos 1.700 inmuebles, que representan alrededor del 1,2% de los existentes ya que se estima que el total de edificaciones previas a 1941 ronda los 134.000.
En ese marco, el fallo judicial ordenó al Gobierno porteño “completar el catálogo definitivo con el relevamiento de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados dentro del territorio de la Ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941”.
Además, exhortó a “culminar, a través del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, la evaluación del valor patrimonial de tales inmuebles” así como “implementar la protección adecuada y oportuna de aquellos inmuebles que presenten valor patrimonial de acuerdo al resultado de su evaluación”.
Al respecto, Baldiviezo manifestó que el Gobierno porteño “posterga finalizar la evaluación de todos los inmuebles anteriores a 1941 porque prefiere ir realizando evaluaciones a medida que se van solicitando los permisos de demolición y con procedimientos pocos transparentes sujeta los análisis a los intereses inmobiliarios”.
Por último, sostuvo que “la sentencia judicial reconoce la necesidad de proteger el patrimonio de la ciudad y que este no quede sujeto en un limbo indefinidamente, sino que se transforme en una política de estado prioritaria y con apertura democrática.»
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