Los centros de detención de migrantes, en la mira tras la tragedia en Ciudad Juárez

El lugar de la tragedia. / Foto: AFP
La muerte de 39 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez, en el noroeste de México, expuso las condiciones inhumanas de este tipo de instalaciones y la crítica situación que viven estas personas en la frontera con Estados Unidos a raíz de unas políticas migratorias que, según organizaciones humanitarias, violan sus derechos y los exponen a circunstancias «peligrosas e inseguras».

«México reconoce que migrar no es un delito, sin embargo, la consecuencia de estar de manera irregular en el país es ir a un centro de detención de migrantes, donde se les priva de la libertad hasta que se resuelva su situación», dijo a Télam Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), quien denunció el uso «sistemático» de estos lugares.

El pasado lunes, 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano fallecieron tras un incendio en una estancia provisional ubicada en esta urbe fronteriza, a la que son llevados quienes no logran comprobar su estancia legal en el país.

A diferencia de las estaciones migratorias, donde las personas pueden permanecer hasta 15 días hábiles -prorrogables en ciertos casos a 60-, en las estancias el período máximo de permanencia es de 48 horas o una semana hasta que se defina su situación, que mayoritariamente suele terminar en deportación.

Según la Fiscalía mexicana, el siniestro fue originado por migrantes que prendieron fuego a unas colchonetas como protesta ante el temor de ser expulsados.

No obstante, un funcionario federal mexicano dijo bajo anonimato al diario Los Ángeles Times que el motivo de la protesta era que los 68 hombres presentes estaban en una celda con capacidad para no más de 50, sin acceso a agua potable.

Foto: AFP
La falta de estándares mínimos para estos centros es denunciada frecuentemente por diversas organizaciones de la sociedad civil, que reportan en sus informes hacinamiento, falta de acceso a alimentos y agua potable, espacios sin luz solar ni posibilidad de salir al aire libre, así como la dificultad de acceder al derecho a la salud o al de comunicarse con familiares o tener representación jurídica para apoyar sus casos.

Unas condiciones que contrastan con las reglas gubernamentales emitidas en 2012 para estos lugares, que ordenan alimentación adecuada, protocolos de higiene y «resguardo y protección de las personas y del inmueble».

«Hay también constantes alegaciones de malos tratos, insultos y amenazas por parte de las autoridades y guardias de seguridad», agregó Guevara y precisó que muchas veces las personas desconocen los motivos y el tiempo que durará su detención.

Tal fue el caso del marido de la venezolana Viangly Infante, herido leve durante el incendio, quien fue arrestado el lunes en las calles de Ciudad Juárez durante un operativo de las autoridades migratorias pese a tener permiso de residencia.

«No le habían dejado abrir su Gmail donde tenía sus papeles, así que me dice que suba yo para mostrar el físico y demostrar que nosotros somos un núcleo familiar y que estamos legales acá», dijo la mujer de 31 años al diario El País.

«Llegué con mis tres hijos y me dejaron esperando todo el día y nunca me lo soltaron, me dijeron solo ‘sí, ahorita’. Hasta que comenzó el incendio», añadió.

Ante el avance del humo, el personal migratorio evacuó a las mujeres y niños instalados en el área de las familias, situada en unas carpas al lado del centro. Angustiada por los gritos y golpes que daban los hombres encerrados en la celda del lugar, Infante les preguntó por qué no les abrían las puertas, pero la única respuesta que obtuvo fue, según relató, «ellos se están quemando».

La falta de ayuda a los migrantes durante el incendio quedó registrada por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes se viralizaron en las redes y causaron indignación tanto en el país como en el extranjero.

De momento, la Fiscalía identificó ocho responsables: dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco guardias de seguridad privados, pero la investigación se amplió a todas las unidades del Instituto Nacional de Migraciones (INM) para establecer responsabilidades jerárquicas.

«Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y a los de protección civil», sostuvo la ministra de Seguridad y Protección Ciudadana, quien calificó esta acción de «imperdonable».

Sin embargo, la falta de protocolos para actuar en incendios y la ausencia de rutas de evacuación son una de las observaciones hechas por las organizaciones humanitarias a estos centros, recalcó la responsable de AI.

«Las personas migrantes se encontraban bajo la custodia del INM y, por ende, era su obligación tanto prevenir el incendio como actuar de manera diligente durante el mismo para evitar consecuencias fatales», señaló Guevara, quien consideró «insensible» y «ofensivo» que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el organismo migratorio hayan usado en un primer momento eufemismos para restar gravedad a lo ocurrido y culpabilizar a los migrantes.

Tras la tragedia, el mandatario mexicano insistió en que la política migratoria del país «no viola los derechos humanos», pero la activista subrayó que «desafortunadamente» están observando violaciones «diariamente».

Una opinión compartida por Laura Gómez, coordinadora de proyecto para Médicos Sin Fronteras (MSF) en las localidades fronterizas de Reynosa y Matamoros, quien dijo a Télam que los migrantes están expuestos a un riesgo «muy alto» en la zona, controlada por el crimen organizado, donde sufren extorsiones, robos, violencia sexual y secuestros.

«También tenemos reportes de abusos de las autoridades migratorias mexicanas. Muchas familias afirman tener documentos para transitar por el país y las autoridades igual se los toman, se los rompen o les impiden el paso y se los llevan a las estaciones migratorias. A veces los sueltan, otras los deportan», apuntó.

En 2022, el INM recluyó a 318.660 personas en estaciones migratorias y expulsó a 106.008, entre ellos más de 9.000 menores, según datos oficiales. Este año, las detenciones ya ascienden a 45.015 y las expulsiones a 12.320.

«Para ellos significa un riesgo estar en movimiento», agregó Gómez, quien explicó que por ello los migrantes se «acumulan» en grupos en las ciudades fronterizas, dado que así se sienten más seguros.

Foto: AFP
Según describió, las localidades mexicanas en la frontera con EEUU están desbordadas y hay una falta de capacidades locales y de presencia de organizaciones nacionales e internacionales para atender el flujo migratorio, lo que lleva a las personas a instalarse en campamentos informales en espacios públicos sin acceso a servicios básicos.

Esta situación genera asimismo «muchas tensiones» con la población local, añadió. De hecho, la redada del pasado lunes en Ciudad Juárez se dio por supuestas quejas de los vecinos y días después de que el alcalde advirtiera que la «paciencia» hacia los migrantes se estaba «agotando».

«La migración viene ocurriendo hace muchísimos años, pero antiguamente los cruces eran muy rápidos y la gente no se quedaba asentada mucho tiempo», aclaró y sentenció: «Esto que estamos viendo es resultado de las políticas de migración como la del Título 42 de EEUU, que obliga a las personas a quedarse en las fronteras del norte de México, donde no hay recursos para atender una crisis de esta magnitud y su seguridad está puesta en riesgo».

Esta polémica política, implementada en 2020 por el expresidente Donald Trump para autorizar las expulsiones sin posibilidad de pedir asilo bajo pretexto de la crisis sanitaria, debería llegar a su fin en mayo.

Sin embargo, desde AI alertaron que el Gobierno estadounidense anunció en febrero una nueva propuesta migratoria que prohibiría a las personas solicitar asilo, salvo que se les haya denegado previamente en los países por los que transitaron.

«EEUU implementa estas políticas con la cooperación de México, las cuales violan a los derechos de los migrantes y los colocan en situaciones peligrosas e inseguras», concluyó Guevara.

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