Habilitan a exportadores un 25% de disponibilidad de divisas para la importación de soja

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y su par de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, brindaron este martes detalles sobre las medidas para el sector agropecuarios anunciadas el domingo por el ministro de Economía, Sergio Massa, entre las que se destacan la libre disponibilidad del 25% de divisas a liquidar por parte de los exportadores para que importen soja y la entrega de fertilizantes a productores afectados por la sequía, entre otras cuestiones.

Bahillo, durante una conferencia de prensa brindada en la sede la cartera, también precisó cuáles serán los complejos de economías regionales que estarán comprendidos en la eliminación de retenciones y las que tendrán una baja en las alícuotas.

Uno de los principales anuncios que realizó Massa durante el fin de semana a través de las redes sociales fue la disponibilidad de divisas para que la industria sojera exportadora compré poroto para procesar. Bahillo explicó que los exportadores podrán disponer del 25% de las divisas a liquidar para la compra en el exterior de poroto de soja, con el fin de «mantener el nivel de actividad industrial y de empleo de la cadena de la soja».

Así, sostuvo que «se permitirá que los exportadores o la industrias dispongan libremente de las divisas para que a partir de esto puedan garantizar compra de poroto de soja en la medida que ellos entiendan».

«Esto nos va a permitir mantener el nivel de empleo y las exportaciones del sector, ya que por la sequia la disponibilidad del poroto es una limitante. Nosotros estamos pensando constantemente en medidas de cómo mantener el nivel de actividad del sector y la capacidad industria instalada en nuestro país», dijo el secretario.

La medida podría ser puesta en marcha entre este fin de semana y el lunes, y tendrá una vigencia de 30 días, plazo que «se ha definido como un periodo prudente y razonable para hacer una evaluación de cómo va evolucionando esta medida».

En la actualidad, los exportadores de los complejos agrícolas y, en el caso particular de la soja, deben liquidar de manera obligatoria al cambio oficial las divisas obtenidas en el comercio internacional el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en un plazo determinado por el Banco Central (BCRA).

Con esta medida, el 25% de esas divisas podrán no ser liquidadas en el MULC y ser usadas de manera directa para la compra del poroto en el exterior, que será luego procesado por la industria local y exportado. Ese 25% de las divisas recibidas en concepto de pago por exportaciones no podrán ser utilizadas para la adquisición de mercadería en el mercado interno.

«Es una disponibilidad que tienen las empresas, para comprar soja en el Uruguay, en Brasil o en Paraguay, es una decisión de las empresas», afirmó Bahillo

Neme, por su parte, explicó que «en vez de ingresar ese 25% en dólares, lo ingresan en poroto. Esos dólares no llegan a Argentina en un primer momento, pero después llegan porque se exporta aceite y harina». Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el nivel actual de la molienda de soja es el segundo peor de los últimos quince años.

La entidad bursátil detalló que en los primeros cuatro meses de la campaña comercial de soja, que comenzó en abril pasado, se procesaron solo 11,9 millones de toneladas, por debajo de las casi 16 millones de la campaña pasada, a pesar de las importaciones récord de 7,2 millones de toneladas registradas hasta el momento.

Además, la tendencia del volumen a moler para los próximos meses se ubica en un promedio de dos millones de toneladas mensuales hasta marzo del año que viene, lo que daría lugar a que haya una capacidad ociosa en la industria sojera en torno al 70%, indicó la entidad.

Neme aseguró que «el Gobierno va a cooperar con el plan de fertilización en trigo y maíz centrando el apoyo en pequeños productores»

Así, el funcionario nacional explicó que se tomaron como instrumento de inversiones os programas de financiados por el Banco Mundial. «Hemos presentado la problemática de la sequía a este organismo y en el marco de la emergencia decretada por la sequía se decidió apoyar con 5.000 kilos de fertilizantes hasta 50 hectáreas a productores de trigo y maíz en las provincias declaradas en emergencia agropecuaria», dijo Neme, quien precisó que para tal fin se destinará una inversión de US$ 30 millones.

Esta medida, el Programa Siembra Trigo y Maíz, beneficiaría a 32.000 productores de trigo y 44.000 de maíz, y permitirá «la mejora en la productividad de los campos, porque los productores van a poder cumplir íntegramente con los planes de fertilización», dijo el funcionario. Contará con un fondo de U$S 30.000.000 y estará dedicado a las y los productores que hayan sembrado hasta 150 hectáreas de trigo en la campaña 2022/23 y que hayan estado o estén aún en Emergencia Agropecuaria, quienes recibirán hasta 5 toneladas de urea como fertilizante por productor o productora para cultivos de trigo y maíz.

«La operatoria va a ser a través de la página web de la Secretaría de Agricultura, donde se podrán inscribir y se le entregará la orden para poder retirar en un deposito cercano a su campo el fertilizante», concluyó Neme.

Por último, Bahillo dio detalles sobre la eliminación o baja de retenciones para economías regionales, iniciativa que «está en consonancia y coherencia con medidas que ha tomado este gobierno en los últimos tres años».

Las cadenas alcanzadas son la de arroz, maní, tabaco, foresto industria, vino y mosto, aceites esenciales y cáscara de naranja

Si bien no se especificó a qué productos se les quitará las retenciones y a cuáles se les bajará, Bahillo señaló que «hay una mejora en todas las posiciones arancelarias de todos los productos y subproductos de estas economías. En algunas ,la mejora es a 0% y en algunas la rebaja es de dos o tres puntos, que tiene que ver con generar condiciones para aquellas empresas e industrias que agreguen valor, generen mano de obras y exportaciones con valor agregado».

Por último, el secretario detalló que el costo fiscal de estas medidas se ubicarán en torno a los US$ 190 millones.