El Foro de Economía y Trabajo, que integran economistas, especialistas y centrales sindicales, sostuvo este viernes que «es necesario y urgente derogar el decreto del presidente Javier Milei, porque con su anuncio el mandatario se ubicó por afuera de la Constitución que está obligado a observar«, y afirmó que las facultades legislativas «le están vedadas».
Un documento del espacio reseñó que el Poder Ejecutivo solo puede arrogarse esa facultad de emergencia cuando «es imposible tramitar leyes en el Congreso Nacional», pero aclaró que ello nunca debe afectar derechos y garantías constitucionales.
«El Presidente lo hizo luego de declarar una megadevaluación que licúa los salarios, las ubicaciones y ahorros, y de imponer un brutal ajuste económico contra los ingresos de las familias trabajadoras y de los jubilados en perjuicio del mercado interno y de decenas de miles de pequeños y medianos empresarios (Pymes), siempre en favor de los grandes formadores de precios y los acreedores externos como el FMI», aseguró.
El Foro afirmó que con esa decisión el Gobierno inició «un golpe de Estado al usurpar funciones parlamentarias, profundizando el ajuste sobre la mayoría de los argentinos y afectando sus derechos, patrimonio y propiedad», y enfatizó que el presidente «hace todo lo contrario a lo que se comprometió de manera ententórea, es decir, a ahorrar reduciendo los costos de lo que denomina ‘la casta'», puntualizó el documento de prensa.
«No son casta los trabajadores que a partir del DNU pueden sufrir la caída de sus convenios colectivos, ya que la medida afecta el principio de ultraactividad, la reducción de las indemnizaciones, el cobro de horas extras y, además, la extensión del período de prueba para pasar a planta pasa de 3 a 8 meses. No es casta la inmensa mayoría de familias que sufrirá las consecuencias de la liberación de precios sin freno», añadió.
También sostuvo que «no son casta los ciudadanos expuestos a condiciones sin límite por la derogación de la Ley de Alquileres, los consumidores y comerciantes que encarecerán los costos por el uso de tarjetas de crédito, las Pymes que no tendrán ingreso a las grandes cadenas comerciales por la Ley de Góndolas que deroga ni los clientes a los que se les niegan opciones, entre otros muchos ejemplos».
«Las medidas del decreto son inconstitucionales e injustas, y también innecesarias y criminales. Como también otras que impulsa el Gobierno, como la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria o la restitución de Ganancias. Es mentira que con ello se devolverá poder adquisitivo y empleo a las familias trabajadoras o que servirán para retomar una senda de crecimiento económico. Solo habrá una catástrofe«, aseveró.
El Foro exigió derogar ese decreto «devastador en lo económico-social, disociador en lo político y perverso en sus oscuros objetivos crematísticos de maximizar ganancias para pocos sin importar el costo», y reclamó a la justicia su nulidad y al Congreso Nacional su rechazo, a la vez que repudió «la ilegal criminalización de la protesta social».
También se sumó a la convocatoria de unidad y a la masiva movilización convocada por el movimiento sindical, las entidades sociales y los sectores productivos nacionales.
El Foro está integrado entre otros por Ricardo Aronskind, Juan Costa, Raúl Dellatorre, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Agustina Haimovich, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, José Sbatella, Horacio Rovelli, Nahuel Silva y Andrés Wainer y es coordinado por el dirigente bancario Eduardo Berrozpe.
El secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) e integrante del consejo directivo de la CGT, Juan Carlos Schmid, por su parte, decidió el estado de alerta y movilización en la actividad en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Javier Milei, mientras que la Confederación de Sindicatos Industriales (Csira), que lidera el titular del gremio mecánico (Smata), Ricardo Pignanelli, pidió el «retiro» del DNU.
«La Fempinra decidió el alerta y movilización ante la ofensiva desatada por ese DNU del Gobierno, y se sumará a la movilización del miércoles próximo con la CGT hacia Tribunales. Participarán los delegados y dirigentes para exigir a la justicia que declare la inmediata inconsitucionalidad de la norma del Poder Ejecutivo», sostuvo Schmid en un comunicado.
A su vez, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) rechazó el decreto 70/23 y confirmó que «saldrá a las calles para defender los derechos conquistados», y consideró que constituye «un grave perjuicio a las instituciones y avasalla derechos laborales».
«El DNU avasalla derechos de los trabajadores y arriesga la continuidad de las obras sociales, a la vez que restringe el acceso a la salud de activos y jubilados», aseguró.
“La #FeMPINRA se declara en estado de “#alerta y #movilización” ante la ofensiva desatada por el #DNU del gobierno nacional. Vamos acompañar la movilización el próximo miércoles 27 al Palacio de Justicia de la Nación convocada por nuestra #CGT . [HILO] pic.twitter.com/4bkJOt50vt
— FeMPINRA (@FeMPINRA) December 22, 2023
El titular del sindicato, Mariano Vilar, reafirmó en un documento «el compromiso histórico en la lucha por la defensa de los derechos laborales, sociales y profesionales de los conductores y motoristas navales», y reclamó consensos para fortalecer la unidad y de esa manera afrontar «de la mejor manera la lucha que impone la nueva realidad política».
Entre otras decisiones, el DNU impone la obligatoriedad de prestar al menos el 75 por ciento del servicio en actividades consideradas «esenciales», como la portuaria.
«Ello procura de forma neta eliminar el derecho de huelga, lo que significa cercenar ese derecho colectivo. Toda la vida el personal manejó remolcadores y fue inteligente -no obstante los reclamos- para saber cuándo parar. Durante la pandemia así lo hizo: ingresaron todos los buques, ninguna usina se quedó sin combustible y ninguna nave con insumos vitales o de importancia para el país dejó de entrar al puerto», reseñó Vilar.
Estimados/as Afiliados/as
En sintonía con lo comunicado ayer, desde SICONARA adherimos a la movilización convocada por la CGT. Por eso, concentraremos el próximo miércoles 27 a las 9.30 en nuestra sede de Pinzón y Necochea, La Boca, para ir hacia Tribunales. pic.twitter.com/QKoN466G1V
— SICONARA (@siconaraok) December 22, 2023
La Confederación de Sindicatos Industriales (Csira), por su parte, aseguró hoy que «el derecho no puede ser rehén del poder político de turno», y reclamó que el Gobierno «retire» el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado porque viola «la más elemental división de poderes».
La estratégica organización sindical sostuvo en un documento que es preciso aceptar que «dentro de la ley vale todo y, fuera de ella, nada», y enfatizó que «no existen circunstancias excepcionales que impidan los trámites ordinarios constitucionales para sancionar leyes».
«El intento de gobernar a través de un DNU es el mayor retroceso del sistema republicano de que se tenga memoria. El derecho no puede ser rehén del poder político de turno», dijo.
Los gremios industriales ratificaron que por lo mismo se movilizarán junto con la CGT a partir de las 12 del miércoles próximo hacia el Palacio de Justicia de Lavalle y Talcahuano para presentar un reclamo y obtener una sentencia sobre «esa inconstitucionalidad».
«La justicia debe avalar el reclamo que se presentará y declarar la inconstitucionalidad de ese DNU en defensa de los derechos de los trabajadores y la ciudadanía», concluyó.
La CGT decidió este jueves movilizarse el miércoles próximo hacia la Plaza Lavalle con sus gremios confederados para presentar acciones judiciales y recursos de amparo y, al día siguiente, deliberará en su edificio de Azopardo al 800 el Comité Central Confederal (CCC), que según todos los voceros podría declarar un plan de lucha nacional.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que conduce Héctor Laplace, rechazó el DNU y sostuvo que «ese megadecreto que deroga y modifica más de 300 leyes fue producto de un acto poco democrático y de espaldas al voto popular del pueblo».
«El presidente derogó leyes que afectan de forma directa a la actividad minera, y modificó facultades que tenían los sindicatos en la Argentina. La AOMA no permitirá el atropello y avasallamiento de los derechos laborales. El Gobierno hallará al pueblo minero al lado de la gente y discutiendo una mejor calidad de vida y por el respeto irrestricto a los derechos conquistados», puntualizó Laplace en el documento.
El sindicato adhirió a «cada una de las resoluciones que adopten los cuerpos orgánicos de la CGT para lograr el bienestar y mantener las conquistas de los trabajadores».
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