Carles Puigdemont
El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) paralizó provisionalmente la suspensión de la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y de Toni Comín y Clara Ponsatí, todos eurodiputados por la coalición Junts per Catalunya (JxCAT).
Los tres legisladores, requeridos por España por el intento de independencia de Cataluña en 2017, habían perdido la inmunidad parlamentaria el 9 de marzo, mediante el voto secreto de sus pares.
Sin embargo, el vicepresidente del TJUE determinó que «se suspenda la ejecución de las decisiones del Parlamento [Europeo] hasta que se adopte el auto que ponga fin al presente procedimiento de medidas provisionales», apuntó el Tribunal en una nota recogida por la agencia de noticias AFP.
El auto definitivo llegará en una fecha por determinar después de haber escuchado los argumentos del Parlamento europeo, que no los presentó todavía.
El pleno del Parlamento europeo decidió el pasado marzo tramitar los suplicatorios enviados por el Tribunal Supremo para que los tres políticos independentistas fueran juzgados en España por su papel en el proceso independentista, indicó la agencia de noticias Europa Press.
La decisión anunciada atiende a una apelación presentada ante la Justicia europea por la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí el 26 de mayo, en la que solicitaron medidas cautelares para paralizar la suspensión, con el argumento de que existía «riesgo real e inminente de que puedan ser detenidos y encarcelados», de acuerdo con la nota del TJUE.
La justicia española acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí sólo de sedición.
La defensa de los tres eurodiputados se apoya en vicios de procedimiento y de competencias, ausencia de pruebas y persecución política.
El levantamiento de la inmunidad legislativa de los tres era condición necesaria para que se puedan reactivar los pedidos presentados por el Tribunal Supremo español, que exige el envío de los tres para ser procesados en su país.
El vicepresidente del Tribunal consideró que ante la inminencia de que el Parlamento Europeo retome sesiones en su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, los tres legisladores estarían expuestos a la detención.
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