El juicio de lesa humanidad denominado “Jefatura III» tuvo este miércoles su segunda audiencia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, en la que comenzó la declaración a los 27 imputados por crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
“Se han retomado las audiencias del debate de la megacausa Jefatura de Policía tercer grupo, y en esta ocasión una vez que el tribunal resolvió las cuestiones preliminares planteadas anteriormente por las partes, y luego comenzó la etapa que se conoce como declaración de los imputados”, dijo a Télam, Valentina García Salemi, quien actúa en representación del Ministerio Público Fiscal, junto a Pablo Camuña.
García Salemi explicó que “este es un acto de defensa material, es decir, que si los imputados deciden declarar, esa declaración no puede ser considerada en contra suyo”.
«En todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna de las reparticiones del Departamento de Policía de la provincia de Tucumán», señalaron los encargados de impulsar la acción penal en 2015.
En esta megacausa se juzga la responsabilidad de 27 acusados, entre los que se encuentran expolicías y exmilitares, de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en instalaciones del Ingenio Nueva Baviera (que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966).
El tribunal integrado por Noel Costa, Jorge Basbus y Juan Carlos Reynaga escuchó las palabras de seis imputados, quienes se declararon inocentes de los delitos que se le acusa, mientras que el resto decidió no prestar declaración.
Una vez concluida “la etapa de declaración de los imputados y a partir de la próxima audiencia, que tendrá lugar el próximo martes 6 de junio, se abrirá el periodo de prueba y comenzarán a declarar los testigos”, señaló la fiscal.
Este es el decimoquinto proceso de este tipo que se lleva adelante en la provincia y durante su desarrollo el tribunal escuchará a más de 300 testigos, que brindarán testimonios sobre los delitos que se perpetraron en perjuicio de 237 víctimas.
Actúan en la causa como acusadores el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En tanto, uno de los imputados, Luis Rolando Ocaranza, cuenta con una abogada particular que llevará adelante su representación, mientras que los restantes son asistidos por el Ministerio Público de la Defensa.
Los hechos que se debatirán integran la tercera parte del universo procesal de Jefatura de Policía de Tucumán.
Las pruebas recogidas dan cuenta de la intervención de la Brigada de Investigaciones, las sedes de las unidades regionales Capital y Oeste y las comisarías de casi todo el territorio provincial.
En efecto, Tucumán contaba entonces con 80 comisarías y al menos 32 de ellas fueron escenario de los delitos descriptos por la Fiscalía.
Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas
«En todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna de las reparticiones del Departamento de Policía de la provincia de Tucumán», señalaron los encargados de impulsar la acción penal en 2015.
En cuanto a los imputados, se trata de autores mediatos, autores directos, partícipes necesarios y partícipes secundarios, según el caso.
«Se les enrostra, ante todo, el haber tomado parte, a sabiendas, de una macro-organización delictiva montada sobre el aparato estatal para ejecutar un plan represivo con diferentes niveles de ilegalidad», indicaron.
Cada uno de ellos «cumplió roles claramente asignados tanto en el esquema formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y policiales», según se explica en la elevación a juicio elaborada por el Ministerio Público Fiscal.
Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.
Además se los acusa por homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad, violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas, abuso deshonesto, asociación ilícita, aborto, reducción a la servidumbre y extorsión.
Los imputados en esta causa son : Alberto Antonio Rivero, José Roberto Abba, Emilio Guillermo Abec, María Luisa Acosta de Barraza, Segundo Benito Acosta, Olga Aguilar de Porcelo, Miguel Ángel Horlando Chaile, Camilo Ángel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel D’Ursi, Hugo Javier Figueroa, Ramón César Jodar, Agusto Leandro Neme.
Están acusados también Miguel Ángel Nieva, Luis Edgardo Ocaranza, Luis Rolando Ocaranza, Rolando Reyes Quintana, Alberto Antonio Rivero, Ricardo Oscar Sánchez, Mario Ernesto Senco, Juan Eudoro Soria, Guillermo Agustín Ugarte, José Antonio Vázquez, Miguel Ángel Venturino, Antonio Esteban Vercellone, Manuel Rubén Vila, Juan Luis Villacorta y Pablo Gregorio Zarate.
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