Si la medida se lleva a cabo, deberá ser la Ciudad la que cubra ese costo con fondos propios.
Ante esto, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, firmó un comunicado en el que advierte que «la Jurisdicción Nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta Ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema«.
Señalan que «es el Estado Nacional el que regula y controla el servicio, y define la estructura de costos del sistema».
El Gobierño porteño expuso que, si bien el artículo 2° de la Ley 26.740 pretendió dar un marco jurídico a la transferencia de la competencia del servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en la Ciudad, «ésta nunca llegó a concretarse».
«En efecto, -tal como se expresara en anteriores oportunidades- para que un traspaso de competencias y/o funciones se efectivice, debe ser realizado respetando y cumpliendo la Constitución Nacional (art 75, inciso 2), los principios que imperan en lo que se denomina federalismo de concertación y la restante normativa que de ellos se desprende y se encuentra vigente», continúa explicando la carta de Bereciartua.
Destacan que con el objetivo de realizar “sus mayores esfuerzos para garantizar un desarrollo eficaz” de los servicios de transporte, “la Ciudad propuso – en la medida de sus posibilidades colaborar con el Estado Nacional para el pago de las compensaciones al transporte público de pasajeros” a las líneas de colectivos que realicen sus recorridos exclusivamente en el territorio porteño.
«Hace más de 5 años esta Ciudad colabora en el subsidio de tarifas que refieren a líneas cuya jurisdicción es exclusiva del Estado Nacional, pese a no participar en la definición de dichas tarifas, las que también son definidas unilateralmente por esa jurisdicción», expresa el escrito.
Horas después, en una conferencia de prensa donde se anunciaron medidas para regular el uso del celular en las escuelas, el jefe de Gobierno Jorge Macri afirmó que «quien define el precio del colectivo es el gobierno nacional. Es una pregunta para hacerle a ellos».
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