3 de mayo de 2024

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Abrieron un expediente sancionador a Repsol por presuntas prácticas anticompetitivas

Sancionaran al gigante de combustibles en Espaa
Sancionarían al gigante de combustibles en España.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española abrió un expediente sancionador contra Repsol por presuntas prácticas anticompetitivas, constitutivas de un «abuso de posición de dominio» en el mercado de la distribución mayorista de combustibles para automoción en España, anunció hoy el organismo.

La CNMC circunscribe la investigación a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Repsol Directo, Repsol Customer Centric, Solred, Campsa Estaciones de Servicio y Repsol, como grupo que está presente en toda la cadena de valor del proceso de producción y comercialización de combustibles para la automoción, según la agencia de noticias Europa Press.

El organismo consideró que Repsol habría aprovechado su dominio en el mercado mayorista español de hidrocarburos para ofrecer -entre marzo y diciembre de 2022- descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones de servicio a través de aplicaciones o de tarjetas de fidelización y pago, e incrementar el precio que terceros competidores -estaciones de servicio independientes- pagan a la firma por adquirir el combustible en el mercado mayorista.

Así, el CNMC estimó que dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, estas conductas habrían supuesto una estrategia «exclusionaria» frente a terceros competidores.

El organismo sumó que estas conductas habrían tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de dichos competidores y limitar la competencia en la distribución minorista.

En su comunicado, la CNMC advirtió que estas conductas podrían constituir una posible vulneración del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

No obstante, la apertura de esta investigación no prejuzga su resultado final, a la par que se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.


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