Estados Unidos sancionó este viernes al ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, «por graves abusos contra los derechos humanos», cinco días antes del traspaso del mando, de Donald Trump a Joe Biden, quien adoptaría una política menos dura con La Habana y promovería el diálogo, como lo hizo su predecesor demócrata, Barack Obama, según se prevé.
«El régimen cubano tiene una larga historia de abuso de derechos humanos y Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición para abordar esa terrible situación Cuba y en otras partes del mundo», sentenció el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin en un comunicado.
Invocando la Ley Magnitsky, que permite a Estados Unidos castigar a quienes hayan cometido abusos de derechos humanos o actos de corrupción en otros países, el Gobierno de Trump también sancionó al Ministerio del Interior cubano (Minint), que controla la Policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario de la isla.
El Tesoro dijo que esa cartera tiene unidades especializadas responsables de monitorear la actividad política y que la policía apoya esta labor «arrestando a personas de interés para el Minint».
En particular, destacó la detención, en septiembre de 2019, del disidente cubano José Daniel Ferrer en una prisión controlada por el Minint, donde denunció haber sido «golpeado, torturado y recluido en aislamiento».
Las consecuencias de las sanciones
Como consecuencia de las sanciones, Álvarez Casas y el ministerio no tendrán acceso al sistema financiero norteamericano y todos sus eventuales activos en Estados Unidos quedarán bloqueados, reportó la agencia de noticias AFP.
En el final de su mandato, Trump volvió el lunes a incluir a Cuba en la lista negra de «Estados patrocinadores del terrorismo», de la que Obama la había retirado en 2015 tras reconocer que los esfuerzos de medio siglo de Estados Unidos para aislar a la isla habían sido un fracaso.
El 20 de enero, Biden asumirá como nuevo mandatario estadounidense, en una ceremonia a la que Trump adelantó que no concurrirá por seguir sosteniendo que su derrota electoral fue producto de fraude.
La Ley Magnitsky, que lleva el nombre de un abogado ruso que murió bajo arresto en Moscú tras denunciar un caso de corrupción, se aprobó en Estados Unidos en 2012 para luchar contra la impunidad internacional de las personas y entidades acusadas de violar los derechos humanos y cometer graves actos de corrupción.
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