“Los diputados radicales caen en la antipolítica y mienten sistemáticamente”

El jefe de la bancada oficialista afirmó que el Estado chaqueño no es el encargado de pagar a aquellos presos que accedan a un trabajo.

El diputado provincial Juan Manuel Pedrini salió al cruce de los cuestionamientos que realizaron los legisladores del radicalismo sobre la Ley 232/20, por la cual se promueve la actividad rentada para personas condenadas privadas de su libertad. Una ley que fue aprobada hace una semana, el 10 de diciembre y que provocó que desde la UCR chaqueña salieran a expresar que “Capitanich prioriza pagar $20 mil pesos a los presos y mantener bajo la línea de pobreza a maestros, policías, personal de salud y jubilados”.
 

En declaraciones a “El dedo en la llaga” por Radio Independencia, Pedrini lamentó estas expresiones del radicalismo chaqueño porque muestran “una perversidad discursiva y argumental tremenda”. En ese sentido señaló que al actuar de esta manera, sus pares del radicalismo incurren en la “antipolítica”, con una búsqueda de “desprestigiar al adversario con mentiras sistemáticas, y nunca se ocupan de proponer que la situación social mejore, nunca tienen una mirada humanista ante la problemática social, que es la mirada que planteamos nosotros con esta Ley”.

El estado no pagará el sueldo de los presos que logren trabajar

El jefe de la bancada oficialista aclaró que el dinero que sería destinado para el pago de las personas privadas de su libertad que consigan un trabajo formal “no sale del Estado, sino que saldría de emprendedores que necesitan alguna mano de obra”.

Al respecto ejemplificó el caso de unas internas que podrían trabajar de la mano de un emprendimiento textil “con una empresaria que desarrolla confecciones textiles, como sábanas, ropas, etcétera, y que estaría interesada en contar con esa mano de obra”. Ante eso, insistió en puntualizar que “con esto, los presos aportarían algo de ingresos al sistema carcelario, algo que hasta ahora no existe, y haría que el Estado gastara menos”.

De acuerdo a la ley aprobada, la remuneración que perciba el recluso será similar al salario mínimo, vital y móvil. «El trabajo es un deber y no un derecho, por lo que el mismo será utilizado como medio de tratamiento reeducativo y no como castigo adicional», dijo Pedrini al remarcar que “no se puede incurrir en hacerlos trabajar sin paga, porque eso sería esclavitud”.

Ley de mediación como alternativa a los conflictos sociales

En relación a las manifestaciones sociales que fueron reprimidas por el accionar del subsecretario de Prevención y Seguridad Gustavo Olivello, remarcó que debe apelarse a la nueva Ley de Mediación-aprobada en la última sesión- como una salida alternativa para apaciguar la conflictividad social.

Esta normativa, aseguró Pedrini, posibilitará que extienda la mediación a todos los rincones de la provincia. Además resaltó que esa Ley establece que ante una movilización social se toma el pedido y obliga a un funcionario con rango de subsecretario a recibir el planteo de los marchantes, como así también obliga a participar de esa negociación al juez de falta. “Si no se pueden poner de acuerdo, el único que podría determinar si se debe despejar o no una ruta, o una calle, es  el juez de paz que esté presente en dicha negociación”, detalló.

Chaco no es una provincia fácil para gobernar

Sobre la sobreabundancia de movimientos sociales en la provincia, a diferencia de otras provincias de la región, Pedrini señaló que “se debe a un fenómeno cultural muy propio del Chaco, que es una provincia más rebelde debido a su constitución étnica, religiosa, y su heterogeneidad cultural. “Todo esto hace que el Chaco sea una provincia muy difícil de gobernar, y no por nada fue una de las últimas administraciones en ser colonizada en el país”, remarcó.

En ese sentido, diferenció a las provincias más tradicionales, como Salta, Corrientes, Jujuy, que presentan posturas más conservadoras y tienen una mayor homogeneidad cultural que la provincia chaqueña.